Avanzan a buen ritmo las operaciones para deslegitimar y/o detener los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado
Rucci
Por Horacio Verbitsky
Avanzan a buen ritmo las operaciones para deslegitimar y/o detener los juicios por los crímenes del terrorismo de Estado que desde hace muchos años impulsan los organismos defensores de los derechos humanos y que en 2008 se extendieron a todo el país con condenas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, La Plata y Corrientes. En los últimos días hubo manifestaciones teóricas y prácticas de este intento regresivo. Un editorial del diario La Nación sostuvo que era insostenible la doctrina de la Corte Suprema de Justicia respecto de los crímenes de lesa humanidad. Llegó a insinuar que los jueces terminarían siendo cómplices de crímenes de lesa humanidad si no revisaran esa jurisprudencia, por la cual la persecución penal se limita al Estado y no se extiende a quienes militaron en organizaciones político-militares. En forma casi simultánea, el hijo del coronel Argentino del Valle Larrabure sostuvo que las guerrillas eran organizaciones paraestatales argentino-cubanas, de modo que los delitos cometidos por sus miembros tampoco habrían prescripto. El periodista Ceferino Reato publicó el libro Operación Traviata, en el que confirma lo que hace muchos años se sabe, sobre la autoría montonera del asesinato del secretario general de la CGT José Ignacio Rucci en 1973. Sostiene que dos de las personas que participaron no fueron desaparecidas ni asesinadas después por la dictadura. Los hijos de Rucci, con el patrocinio del ex ministro duhaldista Jorge Casanovas, pidieron conocer quiénes son esas personas, que Reato no nombra. El secretario general de la CGT Hugo Moyano los apoyó, el fiscal Patricio Evers dictaminó a favor de esa pretensión y el juez Ariel Lijo dispuso reabrir la causa, incorporar el libro como prueba y citar como testigo al autor. Todo esto ocurrió en el lapso de diez días. Si identifica a los presuntos responsables, Lijo deberá decidir si puede procesarlos o los 35 años transcurridos han hecho cesar esa posibilidad.
Prospectivas
Por J. M. Pasquini Durán
RUCCI
Casi siempre es complicado separar la paja del trigo y esa dificultad provoca teorías conspirativas que se aplican a cualquier movimiento o crítica que moleste al Gobierno.
Algunas veces las explicaciones no son sencillas, como sucede en estos días con el asesinato de José Rucci, ejecutado mientras vivía Perón, que se reactivó desde varios centros al mismo tiempo.
- Por un lado, los hijos que reclaman justicia,
- por otro un libro oportuno cuyo autor, Ceferino Reato, fue un operador del embajador Caselli,
- Caselli, un hombre de fácil llegada a los conservadores del Vaticano y desde allí a sectores vinculados con la dictadura militar,
- una campaña de difusión mediática propiciada por espacios que suelen acompañar al hostigamiento antigubernamental,
- y el respaldo de un presunto amigo de los Kirchner, Hugo Moyano,
- todo sumado, ya produjo la reapertura del trámite judicial que estaba paralizado desde hace casi una década.
- El objetivo político, descontados los legítimos sentimientos familiares, es involucrar a la guerrilla de aquel tiempo en "crímenes de lesa humanidad",
- lo más parecido a una revancha del terrorismo de Estado, ya que los insurrectos sobrevivientes, según Luciano Benjamín Menéndez y otros voceros de idéntico prontuario, "ahora están en el gobierno".
- ¿Hasta dónde y quiénes están anotados en esta causa con buenas intenciones?
El abogado Jorge Casanovas, que representa a la familia del sindicalista, se mostró satisfecho por la rápida recepción de su presentación.
Según el artículo 62 del código, la acción penal para este homicidio se habría extinguido en 1988, y de hecho en febrero de ese año la causa se archivó. Pero Casanovas sostiene que "acá la prescripción no corre porque no hubo imputados". A su criterio, la investigación "tiene que reconstruir los hechos" porque "en los seis cuerpos que fueron archivados hay varias hipótesis pero ninguna respuesta". Este diario le preguntó si había desechado la posibilidad de plantear la no prescripción a partir de encuadrar el caso como crimen de lesa humanidad. "Eso no está descartado, de hecho hoy escuché a (Gregorio) Badeni, a (Luis) Moreno Ocampo, a (Félix) Loñ decir que estos son delitos de lesa humanidad", respondió el abogado, ex diputado y ex ministro de Justicia bonaerense durante la gestión de Carlos Ruckauf. De todos modos, expresó que esto se planteará más adelante. "Esperamos 35 años, no vamos a andar corriendo ahora", dijo. En su libro, Reato menciona que el militante montonero Julio Juan Roque asesinó a Rucci y afirma que dos dirigentes que participaron del hecho aún están con vida, aunque no revela sus nombres.
Durante el gobierno de Carlos Menem, los Rucci cobraron la indemnización que otorga el Estado para las víctimas del terrorismo de Estado o la banda parapolicial Triple A. El beneficio fue otorgado en base a un testimonio que atribuía la muerte del sindicalista a José López Rega y sus seguidores.
LOPEZ
Al mismo tiempo que estas cosas ocurrían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en La Plata la esposa y los hijos de Jorge Julio López, patrocinados por los abogados Alfredo Gascón y Hugo Wortman Jofré, en nombre de una Fundación Soporte, querellaron a los jueces del tribunal que condenó a Miguel Etchecolatz, a los fiscales y a los organismos defensores de los derechos humanos que intervinieron en representació
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