CARTA PÚBLICA
En defensa de la independencia del Poder Judicial
Los abajo firmantes, miembros de distintos ámbitos de la sociedad civil, académicos, organizaciones sociales y políticas, deseamos expresar nuestra más profunda preocupación y nuestro pleno desacuerdo con la actitud adoptada por el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a la labor del Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo del Dr. Roberto Andrés Gallardo.
Rechazamos la masiva interposición de recusaciones que ha llevado a cabo la Procuración General porteña contra el mencionado magistrado, y manifestamos nuestra convicción de que actitudes como la impugnada, atentan directamente contra la independencia del Poder Judicial.
Creemos oportuno resaltar que es función constitucional de la Justicia local, conocer y decidir sobre aquellas causas en las que están en juego derechos humanos de los habitantes porteños. En estos casos, el actuar judicial, lejos de violentar la organización estatal, responde a obligaciones asumidas internacionalmente por el Estado Argentino, y su ausencia, puede incluso llevar a la Nación toda a incurrir en responsabilidad internacional. Entendemos entonces que el actuar de la Procuración, atenta contra las normas fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico, jaqueando la división republicana de poderes, y socavando, por sobre todo, los mismísimos cimientos del Estado de Derecho vigente.
Al igual que gran parte de la Justicia Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Juzgado N° 2 se ha caracterizado por velar enérgicamente en favor del respeto y la garantía efectiva de los derechos humanos en la Ciudad, y lo ha hecho, principalmente, en tutela de aquellos grupos de personas históricamente desaventajados, conforme lo exige la Constitución porteña, la Carta Magna Nacional y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.
Frente a esta irrefutable aseveración, el comportamiento adoptado por el Poder Ejecutivo local durante el transcurso de la pasada semana, se presenta entonces, no sólo como producto de una discrepancia de orden personal, sino ante todo, como un asalto a los derechos más fundamentales de cientos de miles de habitantes porteños, víctimas todos ellos, de un permanente menoscabo en sus derechos esenciales, y a quienes ahora, se les restringe el ínfimo acceso a la justicia que habían obtenido.
Reivindicamos la institucionalidad consagrada en la Constitución de la Ciudad, la cual, desde sus comienzos, se ha destacado por ser un ejemplo nacional de división de poderes. Tememos la certeza que la plena vigencia de los Derechos Humanos en la Ciudad de Buenos Aires, requiere entre otras cosas, un Poder Judicial independiente y comprometido con los mismos. Forzar canales institucionalmente inadecuados, para intentar dirimir discrepancias entre poderes que no se han resuelto por lo canales formales, afecta dicha independencia, y puede llegar a herir profundamente a la democracia. Es por ello que, más allá de manifestar nuestra preocupación, por medio de estas líneas, llamamos también a las autoridades administrativas pertinentes, a respetar sin condicionamientos las instituciones republicanas porteñas.
ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia)
Cátedra Roberto Gargarella (Facultad de Derecho- UBA)
Colectivo Universitario Barracas
CTA Capital
Organización Barrial Tupac Amaru Capital
14 bis
María Elia Capella, Miembro del Consejo de Presidencia de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos).
Movimiento por el Derecho a la Alimentación.
Vecinos de Villa 31 bis de Retiro.
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