Por Eduardo J. Vior *
En la primera Carta Abierta firmada por más de 1200 intelectuales y
académicos se sostuvo que "un clima destituyente se ha instalado que ha sido
considerado con la categoría de golpismo". No se trataría de un golpe
militar, sino de uno parlamentario, impulsado por la ofensiva ruralista y
los medios más concentrados. Esta intentona no ha cejado ni debe esperarse
que cese, porque más que por las retenciones móviles se está disputando el
poder sobre el futuro de la República: o un modelo colombiano o una Patria
para todas y todos.
Detenerse es retroceder. Contra los intentos destituyentes son ineficaces
las maniobras reinstituyentes, tratar de volver a la "normalidad"
resta la alternativa constituyente. Los variados intentos de administrar la
crisis haciendo concesiones de fondo, para salvar las instituciones
republicanas, están condenados al fracaso, porque la Nueva Derecha va más
allá de las retenciones hacia la toma del poder, para instaurar un modelo
exportador sin control estatal, oligárquico, que acabe con la política de
derechos humanos, criminalice la protesta social y nos alinee con los
Estados Unidos.
La única posibilidad del campo nacional, popular y progresista es retomar la
iniciativa con una fuerte política distribucionista, para recuperar la
confianza popular, hoy retraída, e imponer la agenda de las reformas
constitucionales que nuestra patria se debe desde 1955.
No se busquen aquí reflexiones jurídicas no pertinentes. Que de ello se
ocupen los constitucionalistas
políticas enseñan que una buena Constitución es una equilibrada combinación
de un pacto de gobernabilidad durable que refleje los intereses y demandas
del 90 por ciento de la población con un proyecto de Nación que dé forma
jurídica a los valores, normas, símbolos y la estrategia del acuerdo
político amplio que el pueblo ratifique democráticamente.
Este no es el caso de la Constitución nacional emparchada en 1994. Argentina
no tiene una sino dos constituciones: la Declaración de Derechos y Garantías
inserta en la primera parte (que por una curiosa interpretació
siglo XIX es meramente declarativa, al contrario de los capítulos
correspondientes en las principales constituciones democráticas del mundo)
expresa el proyecto nacional de las fuerzas que asaltaron el poder en 1853 y
está en franca contradicción con los tratados y convenciones de derechos
humanos incluidos en el art. 75, inciso 22 (facultades del Congreso de la
Nación) por la Reforma de 1994. Los derechos humanos fueron incluidos, pero
en la cucha del perro. Dos visiones del mundo contrapuestas resultan en dos
constituciones diferentes en el mismo texto. Todo queda librado a la
interpretació
humanos.
Para ser creíble, respetada, amada y seguida por las y los habitantes de la
República, la Constitución debe ser objetiva, estable, flexible y simple.
Objetiva, para que todas y todos entiendan hacia dónde marcha la Nación y se
persuadan de la corrección de los fines propuestos. Una Constitución
efectiva debe incluir, además de un capítulo de derechos y garantías de
aplicación inmediata, uno con la enunciación de los fines del Estado. El
proyecto nacional, popular y progresista mayoritariamente ratificado en
octubre pasado los tiene claros: construir la unidad sudamericana, un Estado
fuerte orientado por los derechos humanos, una democracia representativa y
participativa, una sociedad justa y solidaria y un federalismo armónico que
combine la conducción del Estado nacional con el respeto por la diversidad.
Estos fines deberían ser explicitados como bases de los Acuerdos del
Bicentenario.
La Constitución nacional debe ser estable, para que toda y todo habitante de
la República y la comunidad internacional sepan a qué atenerse. Una
Constitución que cambiara a menudo no sería confiable. Sin embargo, también
debe ser flexible, porque, para ser creíble, los acuerdos reflejados en ella
y las metas propuestas deben ser sentidos y percibidos por el pueblo como
realistas. Una Constitución cuya fórmula de gobernabilidad no refleje la
realidad es una invitación a violarla permanentemente y a actuar "como si",
los dos principales males de las instituciones argentinas.
El texto constitucional debe por consiguiente ser totalmente reformable,
cuando por lo menos dos tercios del electorado quieran ajustarlo a un
entorno cambiante. Las reglas de gobierno y la imagen de la Nación Argentina
compartidas por la enorme mayoría de la población se han modificado desde
1853. Estos cambios deben reflejarse en la Constitución.
La Constitución nacional debe, finalmente, ser simple, para ser comprendida
y amada por todas y todos los habitantes. Debe prescindir de disposiciones
farragosas que sólo producen cortinas de humo que esconden acuerdos
espurios. Sus capítulos de derechos y garantías, de fines del Estado y su
organización, sus disposiciones sobre el régimen financiero y sobre los
partidos políticos y las elecciones deben ser breves, claras, coherentes y
pertinentes, para que todas y todos puedan vigilar y asegurar su aplicación.
Las disposiciones sobre el funcionamiento institucional deberían dejarse
para leyes orgánicas especiales a promulgarse en los diez años siguientes.
Quizá suene utópico proponer la reforma total de la Constitución como salida
a la crisis de gobernabilidad, pero las utopías alimentan los sueños que
enamoran a los seres humanos para que transformen el mundo. Si nos quedamos
en las discusiones pequeñas con las que pretenden empantanarnos,
retrocederemos. Sólo imponiendo para 2010 la agenda de reformas
constitucionales, se satisfarán las esperanzas que el pueblo puso en este
proyecto nacional, popular y progresista.
* Doctor en Ciencia Política, Universidad de Giessen (Alemania); profesor de
la Universidad Nacional de Jujuy; integrante del espacio Carta Abierta.
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